El Supremo rechaza las quejas del fiscal general y allana el camino hacia el juicio por el correo de la pareja de Ayuso

La causa abierta en el Tribunal Supremo contra el fiscal general del Estado avanza camino de juicio. El juez Ángel Hurtado ha rechazado todas y cada una de las alegaciones de Álvaro García Ortiz y los argumentos de defensa mientras la Sala de Apelaciones, el tribunal supervisor de las decisiones del instructor, ha avalado sus diligencias clave: los registros de la Unidad Central Operativa (UCO), la gestión del secreto sumarial y la recopilación de datos sobre sus teléfonos móviles. La Abogacía del Estado tendrá que decidir en las próximas semanas si acude al Tribunal Constitucional mientras el juez analiza las últimas alegaciones sobre cómo Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, distribuyó su confesión entre más gente de la que ha reconocido.

La Sala de Apelaciones del Supremo dedicada a este caso está formada por tres magistrados: el exfiscal general, Julián Sánchez Melgar, Andrés Palomo y Eduardo de Porres. Después de varios meses en silencio, este tribunal de composición conservadora extraído de la Sala de lo Penal ha rechazado todos los recursos que la Abogacía del Estado ha elevado tras encontrarse con la negativa de Hurtado. Algunos contra los movimientos clave del juez en el caso.

El auto más relevante de esta Sala llegó a finales del pasado mes de febrero, cuando los jueces avalaron la primera diligencia del juez tras abrir las diligencias: el registro que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil practicó a finales de octubre tanto en el despacho del fiscal general, Álvaro García Ortiz, como en el de la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez.

En el primer registro los agentes no incautaron pruebas relevantes porque el fiscal general había cambiado de móvil y borrado sus mensajes unos días antes. Pero el segundo registro sí determinó el futuro del caso: la UCO encontró decenas de mensajes, correos y llamadas que Pilar Rodríguez había cruzado con sus compañeros y superiores, entre ellos el fiscal general o sus colaboradores, en las dos primeras semanas de marzo.

De ese registro salieron los mensajes que suponen, a día de hoy, el andamiaje de la causa. Los que Rodríguez cruzó con Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica, en los días previos cuando la Fiscalía General quiso recopilar la información del caso. Se trata del frenético intercambio de mensajes y llamadas del 13 y el 14 de marzo cuando el Ministerio Público se lanzó a desmentir las informaciones falsas del caso que había puesto en circulación Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, y las gestiones del día después para, finalmente, emitir un comunicado al respecto.

Esos mensajes son la prueba en la que se han apoyado tanto la UCO como el juez Hurtado para impulsar el caso. Los que sirvieron a la Guardia Civil para afirmar que García Ortiz tuvo un “papel preeminente” en la filtración e, incluso, que Rodríguez reconocía en ellos que la filtración efectivamente era responsabilidad de la Fiscalía. Las comunicaciones dibujan la tensión interna del Ministerio Público esos días para recopilar la información del caso y emitir un comunicado para desmentir un bulo, pero no contienen ninguna orden directa ni indirecta para filtrar la confesión de la pareja de Ayuso a la prensa.

Para la Sala de Apelaciones, este registro fue la “única alternativa” del juez. Y ya lanzó entonces un dardo que han enviado varias veces en dirección a la calle Fortuny: “Ciertamente, la entrega voluntaria, hubiera hecho innecesaria la medida”. Otros autos posteriores de los mismos magistrados han avalado los movimientos de Hurtado con respecto al fiscal general basándose en lo mismo: si en vez de borrar sus mensajes hubiera entregado voluntariamente su teléfono móvil, nada de esto habría sido necesario.

En diversos autos han rechazado recursos contra la negativa de Hurtado de suspender de forma cautelar el análisis de los mensajes intervenidos en los registros o la autorización que dio a la UCO para escrutar el material intervenido en los registros del 30 de octubre. A la Abogacía del Estado, en representación tanto de García Ortiz como de Pilar Rodríguez, solo le quedan dos caminos: reiterar estos argumentos en un futuro juicio o acudir al Constitucional.

Las revelaciones de la Abogacía

Los últimos autos de la Sala de Apelaciones dibujan un escenario claro para la causa sobre la filtración de un correo con la confesión de Alberto González Amador: la causa llegará a juicio, tal y como diversas fuentes dan por hecho desde hace semanas, en los términos que decida Ángel Hurtado. Por el momento, con García Ortiz y Rodríguez en el banquillo después de que Diego Villafañe haya quedado exonerado y de que el juez haya cerrado la vía de la investigación sobre la posible implicación de asesores y trabajadores de Moncloa en la filtración.

Las partes están a la espera de la reacción del juez ante uno de los últimos escritos de la Abogacía del Estado en nombre de Pilar Rodríguez: la revelación de que González Amador lleva más de un año ocultando datos clave a los tribunales ante los que ha denunciado la filtración de su confesión. El dos de febrero de 2024 su abogado Carlos Neira no solo envió ese correo a la Fiscalía de Madrid, objeto de todas las investigaciones hasta la fecha, sino también a un Abogado del Estado.

La propia Abogacía del Estado ha revelado esta información pero aportando también un informe que descarta que el funcionario que recibió la confesión pudiera ser el origen de la filtración a la prensa. Tanto la defensa de los fiscales imputados como la propia Fiscalía creen que esto cuestiona la versión de González Amador y evidencia que el empresario y su defensa han ocultado aspectos clave del caso, como cuando tampoco explicó que autorizó a Miguel Ángel Rodríguez a difundir un email del fiscal que le había investigado y denunciado.